En menos de un día aprueba el Senado la Ley General del Sistema de Seguridad Pública

De nada valió el intento perredista de modificar preceptos “violatorios de derechos humanos”

Andrea Becerril y Georgina Saldierna

En menos de 24 horas el Senado de la República dictaminó y aprobó la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, sin tomar en cuenta la petición reiterada de legisladores del PRD, de posponer la discusión, a fin de modificar disposiciones que “violan derechos humanos” y que incluso se contraponen con la recién aprobada miscelánea penal, al reintegrar a los agentes policiacos facultades que competen al Ministerio Público.
El senador perredista Ricardo Monreal pidió postergar hasta la sesión del jueves la discusión, para analizar a fondo de dictamen, “que recibimos hace apenas 10 minutos”. Hay asuntos graves, insistió, entre ellos integrar a los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina al Consejo de Seguridad Pública, pese a que la Constitución prohibe que las fuerzas armadas puedan participar con voz y voto en un órgano civil.
La prisa se impuso, sin embargo, en la sesión maratónica de ayer, en la que se aprobaron modificaciones a una veintena de leyes. El priísta Francisco Labastida expuso en tribuna que si bien hay puntos perfectibles, “las ventajas son tan grandes respecto de lo que tenemos hoy, que se debe aprobar la ley”.
Frente a la insistencia de Monreal, quien se reservó 11 artículos, el senador Jesús Murillo Karam, responsable del grupo parlamentario del PRI en el tema de seguridad pública, expuso que decidieron aprobar así la reforma –sólo con algunos cambios que no son de fondo– “porque llegamos a la conclusión de que haríamos más daño deteniéndolas que aprobándolas en los términos que vienen”.
Está además el compromiso, sostuvo, de dar a las leyes la concordancia y la adecuación que requieren en un próximo periodo.
Monreal, propuso de todas formas modificar diversos artículos del ordenamiento, entre ellos el 17, para instaurar como requisito que el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad, además de no haber sido inhabilitado como servidor público o sentenciado por delito doloso, no tenga recomendaciones por violaciones a derechos humanos.
Los otros artículos reservados, dijo, buscan armonizar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública con la miscelánea penal aprobada ya en ambas cámaras. Por lo que toca al artículo 41, explicó, hay disposiciones que el Senado eliminó, que tienen que ver con funciones atribuidas a las corporaciones policiacas, como la referida en la fracción segunda de ese artículo, que instruye a los agentes a verificar la información de las denuncias presentadas cuando no sean suficientemente claras o la fuente no esté identificada.
El senador Tomás Torres cuestionó también que no haya plena concatenación con la miscelánea penal y se deje pasar la nueva ley con errores y confusiones.
Los panistas Felipe González y Ulises Ramírez defendieron la nueva legislación en seguridad, aprobada con modificaciones menores y regresada a la Cámara de Diputados.
El Senado aprobó también los cambios que la colegisladora hizo a la Ley Federal de Telecomunicaciones, a fin de obligar a las compañías de telefonía celular a llevar un registro de usuarios y otras disposiciones para evitar que ese servicio se utilice para secuestros, extorsiones y otros delitos.
El senador del PRI Mario López Valdez, autor de la iniciativa, sostuvo que las modificaciones que hicieron los diputados van en el sentido de que el plazo en vigor no sea de 30, sino de 60 días, en virtud de que “son muchos los cambios que los concesionarios tendrán que hacer en sus sistemas de operación y en su software, para atender los nuevos lineamientos”.
Se especifica también que la huella digital necesaria para tener acceso a un teléfono celular puede ser electrónica o con tinta. Igualmente, los diputados introdujeron otro cambio a fin de que los concesionarios entreguen información sobre algún usuario sólo con la solicitud del procurador general de la República o los procuradores estatales.
Se da un plazo de un año a los concesionarios para llevar el registro de las llamadas y mensajes entrantes y salientes de los teléfonos celulares. La minuta se aprobó y se turnó al Ejecutivo federal para la promulgación.
Fuente: Lajornada http://www.jornada.unam.mx/2008/12/10/index.php?section=politica&article=014n1pol