Habitantes de 5 municipios de Oaxaca, contra hidroeléctrica

De Lajornada 28-noviembre-2008

Habitantes de 5 municipios de Oaxaca, contra hidroeléctrica

La CFE manipula información de supuestos beneficios de la presa
■ Enlistan daños que traerá y advierten que impedirán su construcción

Octavio Vélez Ascencio (Corresponsal)

Oaxaca, Oax., 27 de noviembre. Ciudadanos, representantes agrarios y comunitarios y autoridades de cinco municipios pertenecientes la Sierra Sur y la Costa de Oaxaca acordaron no permitir en sus tierras la construcción de la hidroeléctrica Paso de la Reina que, con una inversión de 600 millones de dólares, la cual proyecta realizar la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre el cauce principal del río Verde.

El embalse, denominado Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina, tendrá una cortina de 195 metros de altura y afectará 3 mil 100 mil hectáreas de los municipios de Santiago Ixtayutla, Santiago Jamiltepec, Santa Cruz Zenzontepec, Taltaltepec de Valdés y San Pedro Tututepec, y 15 de sus localidades de población indígena mixteca y chatina, así como afromexicana.

Según el acta de la asamblea regional efectuada el domingo pasado en Paso de la Reina, Santiago Jamiltepec, los asistentes denunciaron que funcionarios de la CFE han realizado visitas a comunidades “para promocionar los beneficios que, según ellos, traerá la presa; sin embargo, han incurrido en violaciones muy graves en cuanto al derecho a la información previa, pues la han manipulado y presionado a autoridades agrarias y municipales para que den la anuencia al proyecto.

“La CFE ha manejado como argumentos que las comunidades, al aceptar la presa, tendrán carreteras, caminos, hospitales, empleos, restaurantes, hoteles; en caso contrario, el gobierno no realizará estas obras”, señalaron.

Denunciaron que Joaquín de los Santos, diputado federal del PRD, y Antonio Iglesias Arreola, diputado local del PRI, han presionado a los habitantes de las poblaciones para aceptar la obra porque supuestamente “impulsarán el desarrollo y el trabajo”.

Expusieron que estos proyectos “traen enormes afectaciones, como inundaciones a comunidades en la zona baja, debido a la construcción del embalse y cortina de la presa, además del enorme impacto ecológico en la región, pues se obstruirá el cauce natural del río Verde”.

Esto provocará desaparición de variedades de peces y plantas nativas, afectación al ciclo de la lluvia, disminución de la humedad a las tierras para siembra, y secado de manantiales, ojos de agua y ríos secundarios.

También, al inundarse las tierras, la población “estaría obligada a desplazarse a otros lugares, lo cual golpearía la cultura y procesos comunitarios de los pueblos”.

Mencionaron que la región vive de la agricultura, ganadería y pesca, por lo que con la presa todo se vería afectado, “pasando de ser los dueños de la tierra a ser desplazados o, los que tengan suerte, ser contratados como peones para la obra por corto tiempo”.

Advirtieron que harán valer su derecho, según las leyes nacionales e internacionales, sobre todo la Constitución, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la recién aprobada declaración de la Organización de las Naciones Unidades sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Angélica Castro Rodríguez, coordinadora del Programa de construcción de ciudadanía de la organización Servicios para una Educación Alternativa, dijo que funcionarios de la CFE han sostenido reuniones con los gobiernos estatal y municipales “pero no ha presentado el proyecto completo, el número de municipios que serán afectados y los impactos negativos de la construcción”.

Destacó que las visitas y reuniones de funcionarios de la CFE a las comunidades “no manejan de manera transparente, pues tienen una metodología poco apropiada, toda vez que no se realizan en el idioma materno de las comunidades, además no están respetando las instancias internas de toma de decisiones de las comunidades”.