Suspende el gobierno de BCS salario a profesores disidentes

Raymundo León / Corresponsal
Periódico La Jornada Domingo 1º de noviembre de 2009, p. 27

La Paz, BCS, 31 de octubre. El gobierno estatal suspendió el pago de salarios, exigió la devolución de los ya cobrados en año y medio y requirió a los 20 integrantes del comité democrático de la sección III del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que vuelvan a las aulas.

Esteban Ojeda Ramírez, líder del comité disidente, dio a conocer la postura oficial y sostuvo que la denuncia del desvío de 68 millones de pesos del fondo de ahorro magisterial y la exigencia del pago de 300 millones de pesos al Fovissste para que los profesores obtengan créditos de vivienda, dieron lugar a esta represalia.

El también dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación advirtió que no habrá retorno a las aulas y criticó el “revanchismo” del gobernador Narciso Agúndez y su secretario de Educación, Omar Castro Cota, que alentaron el movimiento y negociaron sus peticiones pero ahora cambian de táctica.

Aclaró que la pretendida devolución de salarios abarca el tiempo que los 20 miembros del comité llevan como representantes del profesorado, y se les notificó mediante un escrito donde Castro Cota ordena al tesorero de la Secretaría de Educación que suspenda sus percepciones, les exija lo ya cobrado y los haga volver a las aulas por disposición de la Contraloría estatal.

“El escrito contiene una serie de argumentos tendenciosos y legaloides para doblegar al comité democrático”, dijo Ojeda Ramírez, y lamentó que “en el afán de integrarse al grupo en el poder” Castro Cota (ex líder de la Corriente Democrática de la sección III del SNTE) “pretenda desconocernos y pulverizar la lucha sindical”.

En marzo de 2008 los disidentes desconocieron a Guillermo Aguilar Villavicencio –favorito de la dirigente sindical Elba Esther Gordillo– y en mayo siguiente eligieron un Comité ejecutivo alterno en la sección III del SNTE encabezado por Ojeda Ramírez, quien inició la lucha por la titularidad del contrato colectivo de trabajo.