De LaJornada Ecologica:
Claudia Gómez-Portugal M. y Sofía Cortina
Correos electrónicos: claudia@sakbe.com
scortina@aida-americas.org
En junio pasado diversas organizaciones relacionadas con la defensa del medio ambiente (como la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC (Cemda), Greenpeace México, WildCoast, Conselva y la Red Manglar Internacional denunciaron las amenazas a los recursos hídricos de los estados de Nayarit y Sinaloa por la construcción de dos megaproyectos por parte del sector público: uno, de tipo turístico, del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). Se trata del Centro Integralmente Planeado de la Costa del Pacífico (CIP). El segundo es la hidroeléctrica de Las Cruces en el río Baluarte, a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los dos podrían causar graves daños a humedales de importancia internacional. Por ese motivo, las organizaciones solicitaron la intervención de la Secretaría del llamado Convenio Ramsar para hacer cumplir los compromisos internacionales que existen sobre el tema y que México ha suscrito. La Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional, firmada en Ramsar, Irán, en 1971, y conocida en forma abreviada como Convenio Ramsar, es un tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de la conservación y uso racional de los humedales y sus recursos.
Específicamente se pidieron tres acciones ante la Secretaría de Ramsar: que se llame la atención al gobierno mexicano para que cumpla con sus obligaciones internacionales; que ejerza su autoridad para que el Estado considere los potenciales daños a estos humedales; y, finalmente, la visita de una misión técnica internacional para estudiar los impactos ambientales que ambos proyectos producirían en los humedales amenazados.
“Lo que buscamos es proteger ecosistemas estratégicos y de gran importancia para México y el mundo a través del cumplimiento del tratado internacional que específicamente protege estos humedales”, señaló Sofía Cortina, abogada de AIDA. “Además que se estudie la posibilidad de incluirlos en la lista de humedales en donde pueden producirse o se están produciendo daños negativos, para elevar su nivel de protección”, agregó Cortina.
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