Acusa Los Cabos a Semarnat de despojarlo de la playa Palmilla

■ “La postura del ayuntamiento es defenderla hasta sus últimas consecuencias”, dice síndico

■ La dependencia vendió a una empresa árabe mil 448 metros del balneario propiedad del municipio, denuncia éste

■ La negociación comenzó en 2004 y la transacción se concretó en 2005

La Jornada
Raymundo León (Corresponsal)

La Paz, BCS, 1º de febrero. El ayuntamiento de Los Cabos acusó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de despojarlo de mil 448 metros cuadrados de la playa Palmilla de San José del Cabo, único balneario público que le queda a esa ciudad, para venderlos a la inmobiliaria de capital saudita Palmilla San José, como parte de un predio de 9 mil 791 metros cuadrados de supuestos terrenos ganados al mar, por los que la empresa pagó 31 millones 577 mil pesos.

La operación de desincorporación y autorización de la enajenación se efectuó a finales de 2004, cuando Alberto Cárdenas Jiménez encabezaba la Semarnat, mientras que la venta se concretó el 11 de noviembre de 2005, con José Luis Luege Tamargo al frente de la dependencia. La playa Palmilla se ubica en el kilómetro 27+100 del corredor turístico San José del Cabo-Cabo San Lucas, a las afueras de la ciudad de San José.

La pasada administración municipal de Los Cabos, dirigida por el perredista Luis Armando Díaz (2005-2008), presentó denuncias ante la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública, por el presunto delito de fraude contra quien o quienes resulten responsables de esa transacción “irregular”, ya que la Semarnat y los propios compradores, que pretenden destinar el terreno a la construcción de residencias turísticas con vista al mar, sabían de antemano que parte del predio pertenecía al municipio de Los Cabos.

Fue una donación

En las denuncias PGR/BCS/LC-III-1/087/2006 y SM/215/2006, presentadas ante las citadas dependencias en marzo y abril de 2006, respectivamente, se expone que el 19 de octubre de 1978 el municipio de Los Cabos recibió en donación un terreno de 5 mil 184 metros cuadrados por parte del particular Manuel González Canseco, para la construcción de un balneario público y centro de recreo popular para uso de residentes y turistas. Esta operación consta en la escritura pública número 19288, volumen 358, inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de San José del Cabo.

No obstante lo anterior, y de que la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) con sede en La Paz tenía pleno conocimiento de ello –se advierte en las denuncias–, la Secretaría del Medio Ambiente, por conducto de la directora general de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, Blanca Cielo Margarita Corona Vizcaíno, concretó la venta citada el 11 de noviembre de 2005, por la cantidad de 31 millones 577 mil pesos, lo que habría constituido un delito, pues se enajenó una fracción del terreno donado al municipio.

En una carta dirigida al entonces titular de la Semarnat, José Luis Luege, el 29 de mayo de 2006, se señala que en la venta también se incluye una fracción comprendida dentro de los 20 metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a la playa, que debe considerarse como zona federal marítimo terrestre y que de acuerdo con el artículo 29 de la Ley General de Bienes Nacionales es inalienable, imprescriptible e inembargable, y no está sujeto a acción de posesión definitiva o provisional.

En julio de ese año, el ex delegado de Semarnat en Baja California Sur, Germán Parra Dávila, reconoció que la dependencia vendió un predio de 9 mil 791 metros cuadrados adyacente a la zona federal marítimo terrestre en San José del Cabo a la Sociedad Inmobiliaria Palmilla, pero aclaró que fueron terrenos ganados al mar, desincorporados de la Federación a finales de 2004, en los que no está incluida ninguna porción municipal ni mucho menos parte de la Zofemat.

Parra Dávila comentó que el ayuntamiento de Los Cabos estaba en su derecho de emprender las acciones legales que considerara pertinentes para recuperar “lo que dice que es suyo”, pero aseguró que la Semarnat “no incurrió en ningún error”, no vendió terrenos sobrepuestos, y tenía elementos jurídicos y técnicos para demostrarlo.

Abundó que “el ayuntamiento reclama un terreno de mil 448 metros cuadrados que aparentemente le donó un particular en la misma zona (González Canseco), pero cabe la posibilidad de que le hayan donado algo que no era de esa persona”.

Como complemento a las denuncias presentadas y para recuperar legalmente el predio aparentemente perdido, el ayuntamiento inició un juicio civil a finales de 2006, y al año siguiente promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la Presidencia de la República, para que la “venta ilegal” fuera anulada.

La controversia constitucional se promovió el 16 de mayo de 2007, pero la consejería jurídica de la Presidencia de la República reclamó a la SCJN la admisión del recurso, por lo que el ayuntamiento debió ratificar su denuncia, a fin de que el máximo tribunal la revisara.

La entonces síndico municipal Margarita Díaz Jiménez precisó que había actos de inconstitucionalidad en la venta que hizo la Semarnat, ya que existe un título de propiedad a nombre del ayuntamiento, y “nadie puede vender lo que no es suyo”. Explicó además que la dependencia no consultó ni notificó en el proceso de enajenación a ninguna instancia municipal, ni siquiera al Catastro ni al Registro Público de la Propiedad, sobre la situación del predio y la operación que se iba a realizar.

Nueva propuesta

El actual alcalde de Los Cabos, el también perredista Óscar René Núñez Cosío, dijo que a finales de 2008 recibió una propuesta de la empresa que adquirió el predio para introducir servicios al balneario, la cual está en análisis por parte del cabildo; sin embargo, indicó que eso no impedirá que el ayuntamiento continúe con el procedimiento iniciado ante la SCJN, para que el bien sea restituido al municipio.

“Lo que hemos sostenido es que la playa Palmilla es de los cabeños, nosotros presentamos una demanda ante la Federación que está en los tribunales, y nos da gusto que se le dé seguimiento, por lo que estamos en espera de que el asunto sea resuelto en favor del ayuntamiento”, dijo.

A su vez, el síndico municipal José Manuel Curiel Castro dijo que la postura del ayuntamiento es conservar el predio y defenderlo “hasta sus últimas consecuencias”.

Coincidió con el alcalde en que el convenio que planteó la inmobiliaria que se dice dueña del terreno está en análisis, pero la condición para firmarlo sería que se reconozca la propiedad del ayuntamiento y haya un acceso libre a la playa, lo cual no está contemplado en el documento.