Golpear a la UABCS es golpear al estado mismo
José Luis Vázquez Ceja
Nada más indignante y humillante para cualquier sociedad que permitir que la ignorancia y el autoritarismo impongan las reglas para el desarrollo de sus universidades públicas. El decreto de reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la UABCS por el Congreso del Estado no es sino la cereza del pastel que deja el actual gobierno estatal. Necesitados como estamos de recursos humanos de excelencia, una comunidad académica orientada a la investigación y al desarrollo científico y humanístico, y una institución difusora de la cultura como elemento identitario y de cohesión social, no puede ser más negativo que se le abandone al dominio de los grupos tradicionales que la aprovechan, sexenio tras sexenio, para negociar posiciones dentro del aparato burocrático y/o político del entramado institucional del estado.
Esto se encuentra muy lejos de dignificar y fortalecer a la universidad pública sudcaliforniana: la refunde en el oscurantismo y la mediocridad. El actual conflicto no es una crisis de legalidad sino una crisis ética, moral y política. Se está utilizando a la Universidad no para engrandecer la ciencia, el humanismo y la cultura sino para perpetuar en ella a los grupúsculos que la han sumido en el descrédito social.
La actual crisis universitaria
Después de la renuncia del Lic. Rodrigo Guerrero Rivas a la rectoría de la UABCS, el pasado 3 de noviembre de 2010, esta Institución se dio el lujo de tener dos rectores. Uno, el M. en C. Javier Gaitán Morán, designado por el Consejo General Universitario (CGU) para el período del 1 de diciembre de 2010 al 31 de mayo de 2011; y otro, el Dr. Carlos Villavicencio Garayzar, designado por la Junta Consultiva (JC). Ello derivó en un conflicto de autoridad y de interpretación de la Ley Orgánica en cuanto a las facultades y al carácter de toma de decisiones que tienen sus Órganos de Gobierno. ¿Legalmente quién era el rector?
Sin posibilidades de ceder ambos en sus pretensiones, se acudió al arbitraje de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la cual emitió un documento donde explícitamente anota que el CGU carece de facultades para seleccionar, designar o nombrar rectores, en su carácter de electo, interino o provisional. Por obvias razones, el doctor Alejandro Palacios Osuna, presidente del CGU y también Secretario Académico, jamás dio a conocer este documento a la comunidad universitaria. Por tanto la crisis de autoridad en el quehacer universitario continuó, particularmente en cuestiones como el manejo y disposición de los recursos financieros como los correspondientes al pago de nóminas y los 91.5 millones de pesos prometidos para el fideicomiso de jubilaciones, entre otras cuestiones de carácter administrativo y financiero.
Acuerdos a espaldas de la comunidad universitaria
Sin negar que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de B.C.S. faculta al Congreso para aprobar reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la UABCS, las fracciones parlamentarias (compuestas prácticamente por suplentes) del PRD, PT y Panal, altos funcionarios del gobierno y el grupo de universitarios que actualmente controla la rectoría y el CGU, sin consultar a la comunidad universitaria, armaron un proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan los artículos 9, 10 y 12 de la Ley Orgánica de la UABCS. Todos los cambios otorgan facultades al CGU para seleccionar, designar o nombrar rectores. Esto es, todo lo contrario a lo que la ANUIES interpretó sobre la Ley Orgánica. Armado el proyecto de decreto por otros, correspondió a los ilustres y doctos diputados Elmuth Dubeth Castillo Sandoval, Natividad Osuna Aguilar y Silvestre de la Toba leer y someter a la consideración de H. XII Legislatura para su aprobación y trámite esta concesión graciosa al grupo que domina el Consejo General Universitario, el sindicato académico, la secretaría Académica y la secretaría de Finanzas de la UABCS.
Cronología del decreto superexpress
El pasado 11 de febrero, Silvestre de la Toba —del PANAL y ahora declarado diputado independiente— presentó la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la UABCS en el pleno del Congreso. Después de la primera lectura y comentarios generales, el Congreso invitó al Dr. Carlos Villavicencio para que expusiera su posición y sus puntos de vista respecto a la iniciativa de reformas. Ante la contundencia de sus argumentos, el diputado Armando Cota logró promover un punto de acuerdo para posponer la votación hasta el viernes 18 de febrero. En igual sentido se pronunciaron diputados como Adolfo González, de la fracción del PAN. Pero nada detuvo la inusual segunda lectura de la mencionada iniciativa, a las 18: 30 horas del mismo jueves 11 de febrero de la primera lectura. Con el voto de los diputados de la fracción parlamentaria del PRD, del PT y del diputado independiente Silvestre de la Toba, la iniciativa de reformas y adiciones a los Artículos 9, 10 y 12 de la Ley Orgánica de la UABCS fue aprobada.
Un caso para Ripley y los tribunales de justicia.
El mismo 11 de febrero a las 18:30 horas, cuando todavía no terminaba la sesión del Congreso donde se aprobó la multicitada iniciativa, el señor doctor Alejandro Palacios Espinosa ya estaba convocando a los consejeros universitarios afines a una reunión extraordinaria del CGU, con un único punto: retirar del cargo al M. en C. Javier Gaitán Morán y nombrar otro rector, nombramiento que el propio Palacios Espinosa asume, y por tanto como presidente del CGU nombra nuevamente a Gaitán como rector interino, por un nuevo periodo que va del 11 de febrero al 3 de junio de 2011.
Ni los "mapaches" más desfachatados o delincuentes electorales más audaces en las mejores épocas del priismo habrían logrado tal hazaña. Pero lo más increíble de todo este sainete parlamentario, aplaudido por las comparsas universitarias dirigidas por el M. en C. Gaitán, fue que el mismo día 11 de febrero dicho decreto fue firmado por el gobernador del estado, Narciso Agúndez Montaño, y el secretario de Gobierno, Alfredo Porras Domínguez. Pero las sorpresas todavía no terminan: el mismo día dicho decreto fue publicado en el Boletín Oficial del gobierno del estado y tal vez distribuido a los muy allegados al "complot". Muchos mal pensamos creemos que el Boletín en cuestión, antes de todo el "tango" parlamentario, ya estaba firmado y publicado, listo para ser distribuido el mismo día entre los miembros del clan.
Después de esta prontitud tanto de diputados como de altos funcionarios del gobierno estatal, que deja pasmado al más incrédulo, es prudente y noble recomendarle a nuestra diputada Graciela Treviño que se dé un tiempo para tomar unas clases con estos expertos universitarios en sacar y ejecutar reformas el mismo día; así podríamos en un futuro próximo, antes que termine el actual gobierno, tener firmado y publicado el decreto contra la minería a cielo abierto en el Boletín Oficial del gobierno del estado. Estamos seguros que privará más el interés general de los sudcalifornianos que los intereses transnacionales de las mineras.
Conclusión
Después del fracaso electoral del pasado 6 de febrero, cual ola de desprestigio baña y revuelca tanto a partidos políticos, dirigentes y gobierno, uno se pregunta el por qué tanta premura por reformar leyes. La más comentada, la aprobación anticipada por el Congreso —vía fast track— de la Cuenta Pública por la cantidad de 9 mil 94 millones 806 mil 715 pesos. Bueno, eso en relación a los gastos del gobierno estatal. Pero ¿por qué las reformas a la Ley Orgánica de la UABCS? Porque da mayor poder al actual grupo que controla el Consejo General Universitario, el sindicato de académicos y la rectoría, para el control de la próxima elección de consejeros y del propio rector. Obviamente, ya no podrá ser candidato Gaitán, pero sí Alfredo Porras, el hombre ideal para continuar con el modelo de universidad tal cual la han diseñado los ex rectores Vale, Druck, Ceseña, y demás doctos de la unidad y el continuismo. Solo esperemos que el valor, la dignidad y la vergüenza de los universitarios se manifiesten en el momento oportuno.
Publicado en Tribuna de Los Cabos, 22 de febrero de 2011.
